La SCJN se impuso al TEPJF, quitándole la facultad de invalidar suspensiones contra la reforma judicial y ordenando a los jueces resolver amparos en 24 horas. Morena, en abierto desafío, anunció que no acatará ninguna decisión que afecte la elección judicial de 2025, profundizando la crisis entre poderes y exponiendo la debilidad del Tribunal Electoral frente a una Corte que no piensa ceder. El Estado de derecho está en juego.
En un golpe contundente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, con 7 votos a favor y 3 en contra, que el órgano electoral no tiene autoridad para invalidar las suspensiones contra la implementación de la reforma judicial. Esta decisión no solo descalifica la actuación del TEPJF, sino que lo deja en una posición de franca subordinación frente a la Corte.
Las suspensiones contra la reforma judicial quedan vigentes, pero la SCJN ordenó a los jueces de distrito resolver los amparos en un plazo de 24 horas a partir de que reciban la notificación. Aunque esto no implica la cancelación de la elección judicial prevista para 2025, sí representa un freno a la autonomía del TEPJF y una clara advertencia: la última palabra en este conflicto la tiene la Corte.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dejó en claro que esta decisión es un exhorto directo a las autoridades para que acaten las suspensiones y respeten los procesos de impugnación. Sin embargo, la Corte no logró la mayoría necesaria para obligar al Tribunal Electoral, al Senado, al INE y a los Comités de Evaluación a acatar las medidas cautelares. Un empate de 5 votos evidenció las divisiones internas y la falta de consenso en el Pleno, lo que provocó la abierta molestia de la ministra Lenia Batres, quien mantuvo su postura en contra.
El TEPJF, en la mira de la Corte
El conflicto escaló cuando la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, intentó recusar a los ministros Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez y Jorge Pardo Rebolledo, argumentando una posible parcialidad debido a sus declaraciones públicas en contra de la reforma electoral. La Corte, con 6 votos a favor, declaró improcedente la recusación, dejando en evidencia la falta de estrategia del TEPJF para defender su posición.
La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, fue contundente al afirmar que el TEPJF no tiene derecho jurisdiccional para interferir en este tema. Con 8 votos a favor, la SCJN reafirmó su competencia para analizar y resolver el conflicto, a pesar de las objeciones de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes cuestionaron la facultad de la Corte para revisar los actos del Tribunal Electoral.
El trasfondo político: Morena contra la Corte
El debate llega en un momento de alta tensión entre la SCJN y el gobierno de Morena, que ha acusado a la Corte de intentar sabotear la elección judicial del 1 de junio de 2025. El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, no tardó en reaccionar: “La SCJN puede decidir que el sol no salga mañana, y el sol lo va a desacatar”, declaró, minimizando el impacto de cualquier fallo en contra de la elección judicial.
Morena ha dejado claro que no acatará ninguna resolución de la Corte que suspenda la elección, argumentando que el TEPJF tiene la última palabra en materia electoral. Esta postura, sin embargo, expone una peligrosa confrontación entre poderes y un desprecio abierto por el Estado de derecho.
El conflicto de fondo: ¿Quién manda?
El eje del debate es la competencia entre los jueces de distrito y el TEPJF. Mientras el Tribunal Electoral insiste en que los procesos electorales no pueden suspenderse mediante amparos, los jueces han otorgado suspensiones argumentando que la reforma judicial vulnera derechos fundamentales. El expediente 1/2025, promovido por exintegrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, busca que la SCJN defina quién tiene la última palabra en este conflicto.
El proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena mantiene vigentes las medidas cautelares emitidas por la ministra presidenta Norma Piña, pero ordena a los jueces revisar las suspensiones conforme a los criterios de la Corte, lo que podría llevar a su revocación.
Una Corte fortalecida y un TEPJF debilitado
La SCJN ha dejado claro que no permitirá intromisiones en su ámbito de competencia, incluso si eso significa poner en cintura al TEPJF y enfrentarse abiertamente a Morena. Esta decisión no solo refuerza el papel de la Corte como árbitro final en los conflictos constitucionales, sino que expone la debilidad del Tribunal Electoral y la creciente polarización entre los poderes del Estado.
Mientras Morena insiste en desacatar las decisiones judiciales, la Corte sigue firme en su postura: el Estado de derecho no se negocia. El mensaje es claro: en esta batalla, la SCJN no está dispuesta a ceder.
¿Qué sigue? La elección judicial de 2025 podría convertirse en el próximo campo de batalla entre la Corte y el gobierno, en un conflicto que amenaza con profundizar la crisis institucional en México.