El asesinato de Teresa, madre buscadora en Jalisco, permanece sin avances en la investigación. Las autoridades insisten en un supuesto robo, pese a las amenazas que recibió por su labor como integrante de un colectivo de búsqueda. La impunidad y el silencio institucional marcan, otra vez, el costo mortal de exigir justicia.
Buscar a los desaparecidos en México es una sentencia de muerte. Lo fue para Teresa González Murillo, quien desde septiembre de 2024 buscaba a su hermano Jaime, desaparecido en el centro de Guadalajara. Teresa murió el pasado 27 de marzo, días después de recibir un disparo en el rostro durante un ataque armado en su domicilio. Pese a que había denunciado amenazas del crimen organizado y que su hija fue golpeada por personas que se identificaron como parte del narco, la Fiscalía de Jalisco investiga el crimen como un simple robo, descartando su activismo como posible móvil.
En México, ser madre buscadora significa ocupar un lugar que el Estado ha abandonado. Significa excavar con las manos lo que las autoridades se niegan a reconocer. En ese contexto, Teresa, conocida como “Teresita” por sus compañeras, no sólo escarbaba tierra, también alzaba la voz. Grabó videos denunciando la desaparición de su hermano, señalando al gobierno de Enrique Alfaro y a los anteriores por su omisión en la proliferación de fosas y campamentos del crimen organizado como el rancho Izaguirre, identificado como sitio de exterminio.
La noche del ataque, tres hombres armados en motocicleta llegaron a su casa. Testimonios de miembros del colectivo Luz de Esperanza —al que pertenecía— indican que intentaron secuestrarla y, al no lograrlo, le dispararon. La Fiscalía, sin embargo, sostiene que no hubo intento de privación ilegal de la libertad y que el motivo del crimen fue un presunto robo de dinero producto de una tanda. No han dado seguimiento a las amenazas previas ni al ataque a su hija. La línea de investigación se cierra sin agotar el contexto.
Ni el Ayuntamiento de Guadalajara ni el Gobierno de Jalisco han emitido postura alguna. Las autoridades no se han acercado a su familia. La noticia de su muerte se filtró a reporteros y sólo así llegó al colectivo y a sus seres queridos. Otra muestra del abandono institucional que enfrentan quienes se atreven a buscar la verdad.
Como Teresa, han sido asesinadas al menos 22 personas buscadoras entre 2011 y 2024, de acuerdo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Desde 2018, nueve más han sufrido desaparición forzada. Las cifras son frías, pero detrás de cada una hay una vida truncada, una familia rota y una causa silenciada.
Teresa deja una hija adolescente, un hermano desaparecido y una lucha inconclusa. Su muerte no sólo es un crimen, es una muestra de la violencia sistemática contra quienes exigen justicia. La impunidad con la que se responde a su asesinato valida la estrategia de terror: si matas a quien busca, desapareces también la verdad.
El Estado mexicano, en todos sus niveles, ha sido incapaz de garantizar seguridad, justicia y verdad a los más de 100 mil desaparecidos y a quienes los buscan. Mientras no se esclarezca el asesinato de Teresa González Murillo y no se reconozca su labor como buscadora, se estará enviando un mensaje peligroso y desolador: que en México, buscar a los desaparecidos es un crimen que se paga con la vida.