Más de 2,500 ayudas han sido repartidas, aunque el gobernador insiste en que “no es por violencia directa”
El Fuerte, Sinaloa.— El Gobierno de Sinaloa arrancó esta semana con la entrega de 2,500 apoyos a familias desplazadas por situaciones de riesgo en comunidades de El Fuerte y Choix, en medio de un clima de inseguridad que, aunque evidente, sigue sin ser reconocido oficialmente como violencia directa.
El propio gobernador Rubén Rocha Moya declaró que en Choix hay 26 personas desplazadas, pero —según su versión— “no por agresiones, sino por prevención”. Una postura que deja muchas dudas, sobre todo cuando en esas mismas zonas se han documentado hechos violentos en semanas recientes y el desplazamiento forzado se ha vuelto una constante en la sierra sinaloense.
Apoyos con discurso controlado
La entrega de insumos comenzó el lunes 14 de abril en varias comunidades del municipio de El Fuerte: Bacayopa, Casas Viejas, La Noria de las Minitas, Chicuras y Yecorato, y continuará el martes 15 en localidades de Choix como Los Cedros, Las Presitas, Último Vado y Huillachapa.
Los paquetes contienen despensas, kits de limpieza, lámparas portátiles y artículos básicos. Lo mínimo para subsistir en medio del abandono, pero nada que cambie de fondo la situación que provocó que cientos de familias tuvieran que dejar sus casas y su vida en la sierra.
Mientras tanto, el discurso oficial se enfoca en “la atención a personas en situación vulnerable” y evita llamar las cosas por su nombre: desplazamiento forzado por la presencia del crimen organizado y el control de territorios rurales por grupos armados.
Una estrategia incompleta
Aunque el apoyo material es necesario y se agradece, el gobierno estatal no ha presentado una estrategia real para el retorno seguro de estas familias, ni se ha visto una acción clara para garantizar que los responsables de estos desplazamientos rindan cuentas.
Lo preocupante no es solo el desplazamiento, sino la normalización institucional de la violencia. Se entregan ayudas, sí, pero se niega la causa, y eso impide diseñar políticas públicas verdaderamente efectivas que frenen el problema de raíz.
Este tipo de operativos, aunque necesarios, funcionan como paliativos temporales. Mientras no se reconozca el problema de fondo, la población en la sierra seguirá enfrentando la disyuntiva entre quedarse y arriesgarse, o huir y perderlo todo.
¿Y la política pública para los desplazados?
El desplazamiento forzado no puede seguir siendo gestionado con despensas. Se necesita una política integral, con enfoque de derechos humanos, acceso a la justicia, protección de víctimas y, sobre todo, prevención de la violencia que lo provoca.
Sinaloa sigue siendo un estado donde la violencia no solo se vive, sino que muchas veces se administra en silencio desde las instituciones. Y eso, aunque no lo digan, también es parte del problema.